En atención a las consultas sobre nuestra posición institucional frente a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga un nuevo toque de queda en Trujillo como medida para enfrentar la inseguridad, marcada por homicidios, extorsiones y atentados con explosivos a viviendas, la Cámara de Comercio de La Libertad manifiesta lo siguiente:

·         Los empresarios exigimos al Gobierno central la implementación de un plan nacional integral de seguridad ciudadana, con objetivos claros y con decisión política del más alto nivel; además, deberá contar con la participación y compromiso de todas las instituciones que administran la seguridad y la justicia, como la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, entre otros organismos públicos pertinentes. Asimismo, en las regiones se debe contemplar la participación de los gobiernos regionales, locales y la sociedad civil organizada.

·         El plan en referencia debe establecer estrategias de inteligencia, acciones tácticas y operativas articuladas de manera efectiva, y contar con los recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad, que incluyan dotación de tecnología, mayor equipamiento y logística, infraestructura adecuada, así como capacitación especializada en investigación criminal. De esta manera se conseguirá fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, identificando, previniendo, capturando y procesando de manera eficiente a la delincuencia común y a las organizaciones criminales que operan sin control en cada región del país.

·         Consideramos que medidas aisladas, como la declaración de estado de emergencia —que recientemente se ha ampliado y se viene aplicando desde abril de 2024—, no han tenido ningún resultado positivo, como lo demuestra el actual incremento del accionar delincuencial.

·         Asimismo, el toque de queda no es una medida que vaya a frenar la delincuencia, pues no combate la raíz del problema; lo que sí va a generar es una afectación al derecho de circulación y tránsito de la población. Además, también impactaría en distintas actividades como el transporte, los servicios, la producción nocturna de las industrias y las actividades logísticas propias de cada tipo de negocio.

·         La aplicación de este tipo de medidas, sin una estrategia de fondo, no combate directamente a las organizaciones criminales, los actos extorsivos, homicidios o atentados con explosivos, entre otros delitos. Tales medidas no han demostrado ser una solución efectiva: las cifras de criminalidad no se han reducido significativamente y persisten los delitos de extorsión, sicariato, robo y atentados contra negocios. Al final, solo terminan limitando los derechos de la población y afectando el dinamismo económico.