El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no aprobó, por mayoría, el convenio de delegación de funciones y facultades a favor de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, pasa el proyecto “Tratamiento de aguas residuales para disposición final o reuso, provincias de Trujillo y Chepén”, como iniciativa privada cofinanciada.
Este era llevado adelante por convenio de delegación de funciones y competencias de la MPT en materia de concesiones en temas de saneamiento a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, suscrito el 29 de septiembre de 2016, teniendo como objetivo que el proyecto “Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Provincia de Trujillo” se otorgue en concesión al sector privado, lo que se cambió después a la modalidad de asociación público privada (APP).
Sin embargo, el reglamento de la Ley 32441, que salió después, dispuso que los proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento pasen a Proinversión, para lo que se necesitaba suscribir un nuevo convenio antes de asumir el rol de entidad pública titular.
El nuevo convenio buscaba establecer el marco de relaciones interinstitucionales entre las partes para regular las actividades a desarrollar para el proyecto asociado a la Iniciativa Privada Cofinanciada “Tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso, provincias de Trujillo y Chepén, La Libertad, Perú”, en fase de estructuración.
Al exponer ante el Concejo Provincial el representante de Proinversión dijo que Trujillo fue priorizada con el proyecto por tratarse de una de las ciudades más importantes del país y que si no se aprobaba el convenio saldría de esa priorización.
El proyecto prevé una inversión de cerca de 400 millones de dólares del sector privado, que será retribuido por el Estado a lo largo de la concesión y en función a que se logren los objetivos que se buscan, es decir el tratamiento de las aguas residuales.
El sistema existente para el tratamiento de aguas residuales que sirven a alrededor de casi a casi 2 millones de habitantes se encuentra en mal estado y genera un problema ambiental severo que está afectando a la población, añadió el funcionario.
Sin embargo, muchos regidores mostraron su preocupación por la solución técnica que prevé el proyecto y otros aspectos, a lo que el funcionario respondió que el marco normativo y el contenido del convenio permite hacer una evaluación técnica recogiendo las preocupaciones que tienen Sedalib y los regidores, para resolver esos temas de manera técnica antes de que la iniciativa privada sea declarada de interés.
Los regidores se refirieron a una evaluación técnica de la opción más viable para ubicar la planta de tratamiento, en Covicorti o en El Tablazo de Huanchaco, a que Sedalib participe en el convenio, entre otros.
¿Cómo garantizamos que esta asociación público privada no genera incremento de tarifas de los ciudadanos?, preguntó el alcalde Mario Reyna, recibiendo en respuesta que en los demás proyectos de plantas de tratamiento que adjudicaron el tema tarifario lo regula y maneja Sunass
El monto del pago que está obligado a hacer el Estado al concesionario es por disponibilidad, lo que significa que el concesionario tiene recién derecho al pago cuando la obra fue concluida y cumplió con pasar todas las pruebas de funcionalidad y niveles de servicio que se esperan para el caso la calidad de las aguas residuales, la calidad de los fangos que se generan y el tratamiento adecuado de los gases,
El endeudamiento es del Estado y la operación y mantenimiento también; y se está considerando que hay una parte de la operación y mantenimiento que debiera ser asumida por los ingresos tarifarios de Sedalib, pero esos ingresos tarifarios no son determinados por el contrato de concesión, por el concesionario, por la municipalidad o por Proinversión, son determinados por Sunass, siguiendo los procedimientos de regulación tarifaria, explicó el funcionario
En una asociación público privada todo el patrimonio que se genere a través de este proyecto es del Estado, en ningún momento el patrimonio es del actor privado. Lo que tiene el concesionario es el derecho al cobro del pago pactado con el Estado en el contrato, añadió.
La concesión que prevé el proyecto sería por 25 años. Son 5 años en los que se desarrolla ingeniería y se ejecuta la obra y son 20 años de operación y mantenimiento. Una vez que se termina el plazo de concesión, la infraestructura -que necesariamente ha tenido que recibir los mantenimientos que mantengan su capacidad operativa- pasa al Estado y ahí deciden si amplían la concesión para la operación mantenimiento o la entregan a Sedalib o la municipalidad, prosiguió.
El alcalde Mario Reyna precisó que lamentablemente existe un retraso tarifario en saneamiento y que son muy pocas empresas las que logran cubrir medianamente sus costos de operación y ni hablar de lo que se requiere para hacer inversión y el adecuado mantenimiento. Ese es el caso de Sedalib, que tiene una tarifa retrasada y por ello las deficiencias que tienen para atender toda su problemática.
El regidor Luis González criticó que se continúe vertiendo las aguas negras al mar, sin tratamiento, y que el proyecto no prevea su aprovechamiento para atender la zona norte de expansión urbana de Trujillo, a partir del Tablazo de Huanchaco, pidiendo que cambien su forma de plantear el proyecto.
Desde Proinversión adelantaron que ante una eventual decisión de no suscribir el convenio se tendría que generar rápidamente una alternativa de solución, porque de lo contrario Trujillo se encontraría en una situación muy vulnerable y la Fiscalía podría identificar responsables, porque esto dejará de ser un problema administrativo y pasará a ser uno penal, porque los vertimientos no autorizados constituyen un delito penal y los persigue la Fiscalía del Medioambiente.