La Libertad fue la segunda región con mayor tasa de denuncias por extorsión en 2025, con 201 denuncias por cada 100 mil habitantes, siendo tres veces más que en 2019 y muy por encima del promedio nacional (77,8). Este escenario muestra una realidad que ha ido aumentando con el paso de los años.
Entre 2020 y 2024, las denuncias por extorsión en la región registraron un crecimiento continuo y acelerado, pasando de 677 casos a un pico de 5,096, lo que representa un aumento superior al 650%. Aunque el siguiente gráfico muestra una ligera reducción en 2025 con 4,333 reportes, la cifra se mantiene casi cuatro veces por encima de los niveles pre pandemia.
“El reto es que podamos ver una reducción sostenida de la extorsión en La Libertad. No basta con reaccionar cuando ya ocurrió un delito; necesitamos una estrategia que permita prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva, para que las familias y los negocios puedan desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad”, explicó Giacomo Puccio, economista Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
La extorsión es una práctica delictiva que consiste en amenazar o intimidar a una persona para obtener dinero o forzarla a actuar contra su voluntad. Según el Ministerio del Interior, en el Perú ha evolucionado hacia un delito cada vez más organizado y violento, con capacidad logística y vínculos con otras actividades ilícitas. En particular, Trujillo, es uno de los territorios más afectados y extendió su influencia a otras zonas de la costa norte y centro como Chiclayo, Piura y Chimbote.
El avance de la violencia y la inseguridad ciudadana también se traduce en un costo económico. Por ejemplo, entre 2021 y 2024, La Libertad acumuló una pérdida de crecimiento y de Producto Bruto Interno (PBI) estimada de S/ 493 millones debido al aumento de homicidios. De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, con este resultado, la región se ubica entre las cinco con mayores pérdidas del país, junto con Lima, Callao, Piura y Áncash.
“Cuando una región enfrenta niveles elevados de violencia durante varios años, las consecuencias terminan afectando su capacidad de crecer. Los negocios deben asumir mayores costos para protegerse, algunas actividades se reducen o dejan de operar y aumenta el riesgo para quienes quieren emprender o invertir. Por eso, enfrentar la seguridad debe ser prioridad de las autoridades, con acciones concretas y capaces de mostrar resultados”, concluyó el economista de REDES.