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    Huamachuco: advierten sobre la reactivación de socavones clandestinos dentro de viviendas

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    En Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, ni las intervenciones policiales, ni la destrucción de instalaciones mineras clandestinas, ni las investigaciones judiciales parecen suficientes para detener el negocio de la minería ilegal que mueve millones de soles en la región La Libertad y que opera bajo las narices de quienes tienen la obligación de combatirlo.

    La red de minería ilegal que opera en esta localidad ha encontrado una fórmula para desafiar y burlar al Estado: reactivan socavones clandestinos dentro de predios privados que colindan con concesiones formales de las cuales roban el mineral. La madrugada es su mejor aliada para extraer y trasladar el material aurífero con destino hacia la costa.

    Imágenes aéreas, registradas con drones, han puesto en evidencia una operación clandestina que funcionaría dentro de una propiedad particular cerca de cultivos en el caserío de Shiracmaca.

    Pobladores sostienen que una de las modalidades utilizadas por los operadores ilegales consistiría en suspender temporalmente las actividades ante la presencia de las autoridades y reanudarlas posteriormente. “Los mineros ilegales suelen cerrar un socavón cuando llegan las autoridades y volver a abrirlo cuando se retiran”, señalaron.

    Corresponde a la Policía, el Ministerio Público y las autoridades competentes la responsabilidad de verificar estas denuncias y determinar quiénes estarían facilitando su funcionamiento, porque si un socavón ilegal puede reabrirse dentro de una vivienda, el problema ya no es solamente lo que ocurre debajo de la tierra. El verdadero problema está arriba, donde las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir la ley.

    ¿Estamos frente a una incapacidad de las autoridades para combatir la minería ilegal o existen funcionarios que deliberadamente miran hacia otro lado? Las respuestas parecen perderse entre los escritorios de las dependencias policiales de Huamachuco, las oficinas del Ministerio Público y las instituciones encargadas de fiscalizar la actividad minera. Todos conocen la gravedad del problema, pero los socavones clandestinos continúan apareciendo y reabriéndose después de las intervenciones.

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