En una región donde la minería genera importantes ingresos económicos, dos municipalidades destacan por los recursos que reciben del Estado. Se trata de Parcoy y Pataz, distritos de la provincia de Pataz que, en conjunto, registran transferencias por S/68,241,695, provenientes de los mecanismos de distribución de recursos asociados con la actividad extractiva.
Las cifras, consignadas en la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran que Parcoy recibe S/49,888,104, mientras que Pataz registra S/18,353,591.
La magnitud de estos montos contrasta con un problema que se repite en numerosos territorios mineros del Perú: la disponibilidad de recursos extraordinarios no siempre se traduce en mejoras proporcionales de los servicios públicos ni en la reducción sostenida de las necesidades de la población.
La situación plantea un desafío para las autoridades municipales que asumirán funciones en 2027, especialmente en localidades donde los ingresos procedentes de la actividad minera representan una oportunidad para financiar infraestructura y servicios esenciales.
El debate no gira únicamente en torno a cuánto dinero reciben las municipalidades, sino a cómo lo utilizan, qué proyectos priorizan y qué resultados concretos obtienen para sus habitantes.
PARCOY CONCENTRA CASI TRES CUARTAS PARTES DE LOS RECURSOS
De los S/68.2 millones registrados para ambos distritos, Parcoy concentra aproximadamente el 73.1 %, mientras que Pataz representa el 26.9 %. La diferencia entre ambos distritos supera los S/31.5 millones.
Parcoy recibe alrededor de 2.7 veces el monto asignado a Pataz, una diferencia significativa que puede influir en la capacidad de cada municipalidad para financiar proyectos de inversión. Sin embargo, recibir más recursos no significa necesariamente disponer de una mayor capacidad de ejecución ni obtener mejores resultados. La eficiencia del gasto depende de la planificación, la calidad de los expedientes técnicos, la selección de proyectos y la supervisión de las obras.
El canon constituye un mecanismo mediante el cual el Estado distribuye a gobiernos regionales y locales una parte de los ingresos fiscales provenientes de la explotación de recursos naturales. Su finalidad es contribuir al desarrollo de los territorios donde se realizan actividades extractivas, mediante el financiamiento de inversiones públicas conforme a las reglas presupuestarias correspondientes. Las regalías mineras, por su parte, responden a un mecanismo distinto de distribución de recursos vinculados con la explotación de minerales. Aunque ambos conceptos suelen mencionarse conjuntamente, tienen fundamentos y reglas específicas.
En distritos como Parcoy y Pataz, estos ingresos pueden representar una oportunidad importante para mejorar infraestructura y atender necesidades sociales. Sin embargo, el dinero transferido no produce resultados por sí mismo. Para que contribuya al desarrollo local, debe convertirse en proyectos correctamente formulados, ejecutados y mantenidos. Una obra concluida también debe funcionar y prestar el servicio para el cual fue construida. De lo contrario, la inversión puede terminar generando infraestructura de escasa utilidad para la población.

El problema no es exclusivo de La Libertad. En distintas regiones mineras del país existen municipalidades que reciben transferencias extraordinarias, pero continúan enfrentando dificultades para transformar esos recursos en mejoras sostenibles.
El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla ha advertido sobre la desconexión entre los ingresos del canon y las necesidades básicas de la población.
Según el economista, algunas municipalidades destinan importantes recursos a infraestructura recreativa mientras persisten deficiencias en servicios esenciales. “Los municipios destinan millones a infraestructura recreativa mientras sus habitantes carecen de agua potable durante las 24 horas del día”, sostuvo.
Castilla aclaró que la construcción de plazas, estadios o instalaciones deportivas no constituye necesariamente una inversión inútil. El problema aparece cuando estos proyectos desplazan intervenciones más urgentes para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Luis Miguel Castilla también ha cuestionado el uso inadecuado de la modalidad de ejecución de obras por administración directa. Este mecanismo permite que determinadas entidades públicas ejecuten intervenciones con sus propios recursos y capacidad operativa, siempre que cumplan las condiciones legales y técnicas correspondientes. Sin embargo, el exministro advierte que puede convertirse en un mecanismo para contratar trabajadores, operadores y maquinaria con criterios ajenos a la eficiencia del gasto. En determinados contextos, esta práctica puede facilitar relaciones clientelares y abrir espacios para irregularidades.
Para Henry Delgado Urrutia, docente universitario y exprocurador anticorrupción del Cusco, una de las principales dificultades de los municipios con elevados ingresos es la falta de profesionales y técnicos capacitados para gestionar inversiones. La disponibilidad presupuestaria puede superar la capacidad administrativa de gobiernos locales pequeños, especialmente cuando deben formular, contratar y supervisar proyectos complejos. Un expediente técnico deficiente puede ocasionar retrasos, modificaciones contractuales, controversias y mayores costos.
Del mismo modo, una supervisión insuficiente puede permitir que se ejecuten obras con problemas de calidad o que no respondan a las condiciones previstas.
Delgado Urrutia también cuestiona la falta de fiscalización oportuna. “En estos lugares con bastante presupuesto, debe haber una fiscalización con un control concurrente. La Contraloría no tiene que ser un mero observador, porque estamos hablando de millones de soles”, afirmó. Su planteamiento apunta a que la vigilancia del gasto se desarrolle durante la ejecución de las inversiones y no únicamente cuando los recursos ya han sido utilizados.
Los S/68,241,695 registrados para Parcoy y Pataz representan una oportunidad de inversión pública que muchas municipalidades del país no tienen en la misma magnitud.
Pero también implican una responsabilidad mayor para quienes administran esos fondos. La pregunta de fondo no es solamente cuánto dinero reciben estos distritos, sino cuánto de ese dinero logra transformarse en mejores condiciones de vida para sus habitantes. Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de responder con resultados verificables.