Inspectores de la Gerencia Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de la región Libertad llegaron al cerro El Toro, en Huamachuco, para realizar una inspección inopinada a campamentos mineros ilegales que están expandiéndose peligrosamente en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión.
En la diligencia participaron el Ministerio Público y policías de esta provincia andina liberteña. Todos con una misión específica: realizar una constatación fiscal de los estragos contra el medio ambiente que ocasionan estas labores mineras en la zona por las condiciones en las que operan.
La comitiva logró ingresar a uno de los terrenos que pertenece a los hermanos García Ríos. Durante la inspección se registró en dicha labor tres pozas abiertas con geomembrana de 5×20 metros con agua estancada, montículos de mineral con una altura de 3 metros, así como 15 pozas de procesamiento operativo y dos socavones. Uno de 180 x 150 y otro de 190 x 160 metros.
Según se registra el acta fiscal, el dueño del predio, Cornelio García Ríos, ante tal evidencia solo atinó a decir que no era el responsable de la actividad minera y que le había alquilado el terreno a un ciudadano de apellido Arteaga. Serían argucias que siempre utilizan los ilegales para burlar la ley en Huamachuco, alertó la PNP.
A unos metros más allá, en otra coordenada, se ubicó una bocamina cuya entrada estaba con rejas de fierro. También se pudo observar un campamento con ocho ranchos de material rústico, dos chancadoras de mineral, dos carritos utilizados para la extracción del mineral aurífero y seis carretillas.
En otra área, las autoridades hallaron un profundo socavón y a su costado una chancadora de mineral, otro carro para extraer el mineral, dos carretillas. Además, 19 pozas de procesamiento de mineral y 100 sacos que contenían mineral. En otra labor, se halló un pad de lixiviación de 80 x 40 metros con un sistema de riego por goteo. Lo cual demuestra el nivel de contaminación del medio ambiente que se perpetra en el lugar y que siguen expandiendo sus operaciones poniendo en peligro a las comunidades aledañas.
La constatación fiscal realizada por las autoridades regionales y fiscales encendieron las alarmas en Shiracmaca, la gran guarida de los mineros ilegales. Algunos pobladores intentaron oponerse a las inspecciones, situación que suelen encabezar los ilegales, dirigentes y los integrantes de las rondas campesinas contra las autoridades cada vez que se realiza una diligencia en este lugar. En la zona también operan Jorge Espejo Moreno, quien se atribuye ser dirigente de la ronda y Oswaldo Alva Polo.
Los pobladores afectados por la actividad minera ilegal cuestionaron a la fiscal Lastenia Acuña Raza de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, y a la consejera regional Jennifer Catalán. Ambas han mostrado una notoria indiferencia ante esta situación al sostener que hay poca presencia de ilegales en la zona, tanto que las autoridades involucradas en materia de Medio Ambiente dudan de su objetividad.
“La fiscal Acuña debe tomar acciones concretas contra la actividad ilegal en esta zona, hay mucha pasividad e indiferencia de su parte al momento de inspeccionar y cumplir con su labor”, increparon los pobladores.
No hay avance en la investigación
Como se sabe en la zona también opera Jorge Espejo Moreno, quien no solo debe enfrentar la situación de las constataciones fiscales. También enfrenta procesos penales que tiene en su contra. En su socavón, hace unos meses fallecieron cuatro personas sin que hasta el día de hoy el fiscal Ronald Lorenzo Urrutia Castillo, de algún avance en las investigaciones.
El fiscal Urrutia inició, hace cinco meses, diligencias preliminares en la carpeta 429-2021 contra Jorge Espejo Moreno dueño de la empresa Minerals Doña Julia SAC. Lo hizo por la comisión del delito de homicidio. Una serie de diligencias que no han traído, hasta ahora, justicia para las víctimas.
Los deudos cuestionaron que el atraso de las investigaciones genera una cierta sensación de impunidad cuando se trata de Jorge Espejo Moreno. “El fiscal Urrutia tiene “durmiendo” el caso sin hacer mayores diligencias”, afirmaron. Las víctimas merecen justicia. La justicia debe llegar.