La Contraloría General de la República (CGR) determinó que el Gobierno Regional de La Libertad (GORE) vulneró la normativa vigente en la contratación del servicio de planificación y ejecución de campañas digitales en redes sociales para visibilizar la gestión regional a fines de 2025. El contrato, suscrito inicialmente por S/ 479 000, fue resuelto de manera parcial debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que redujo el monto final a S/ 239 500.
En el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 039-2026-2-5342-AOP, que evaluó el periodo entre el 17 de julio y el 29 de octubre de 2025, se indica que el área de Contrataciones no utilizó las fuentes de información exigidas por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento para determinar el valor estimado del servicio. En su lugar, empleó la cotización presentada por un único proveedor que no constituye una fuente de información propiamente dicha, sino una herramienta para hacer consultas en el mercado.
La indagación para determinar el valor estimado de un bien o servicio se basa en el análisis de datos y en la investigación de las condiciones competitivas del mercado, según el reglamento de la citada ley. Para tal fin, se pueden emplear como fuentes la información histórica de la propia entidad (procedimientos de selección y contratos suscritos de igual o similar objeto), información de procesos y contratos de otras entidades contratantes, y otras fuentes que se estimen pertinentes.
La Contraloría también determinó que, durante la ejecución de las campañas publicitarias en redes sociales, la Gerencia Regional de Imagen Institucional del GORE incumplió la normativa electoral. Esto debido a que presentó fuera de plazo el décimo reporte posterior de publicidad ante el Jurado Electoral Especial (JEE), lo que motivó a la autoridad electoral a exhortar a la gobernadora regional la presentación del mismo dentro del periodo previsto en la normativa.
Por lo expuesto, el informe de acción de oficio posterior fue comunicado a la titular del GORE para que adopte las acciones pertinentes en el ámbito de sus competencias y disponga el deslinde de responsabilidades que corresponda.


