La Contraloría General de la República, inició a través de varios servicios de control la recopilación de información en diversas entidades públicas para comprobar si el Estado cumplió, de acuerdo a las normas y funciones, la supervisión de las acciones relacionadas a los ensayos clínicos efectuados en el marco de la pandemia de la COVID-19, y así identificar y determinar posibles irregularidades y responsabilidades que se hubieran cometido durante los ensayos.

A través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se solicitaron las copias de las respuestas obtenidas y la información consolidada del pedido formulado a los diferentes ministerios respecto a la relación de los altos funcionarios (Ministros/as, viceministros/as, Secretario/a General, Jefa/e de Gabinete, Asesores/as de Alta Dirección), que hayan sido vacunados sin ser parte de los ensayos clínicos a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y/o de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En el marco de la investigación, el servicio de control también comprende el análisis de la relación de personas que recibieron dosis de vacunas, así como los actuados por el Ministerio de Salud (MINSA); en ese sentido también se ha requerido información sobre el “Proceso de Ejecución de Ensayo Clínico y proceso de suscripción del acuerdo de compra-venta de la vacuna contra el SARS-COV2 suscrito con la empresa SINOPHARM”.

En tanto, otras comisiones de auditores se hicieron presentes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Instituto Nacional de Salud (INS), entre otros, para el recojo de información.

La Contraloría confirma además que de parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la relación de personas que recibieron dosis de la vacuna SINOPHARM en los centros de investigación: RCI-33 y RCI-34, en el marco del “Plan de ampliación de medidas tendientes a evitar el contagio por COVID -19 y la saturación del sistema de salud – Comunidad en general”.

Es importante mencionar que esta investigación forma parte de la estrategia integral aprobada por la CGR para controlar el proceso de vacunación contra la Covid-19, la misma que desde el 5 de febrero se viene desplegando a nivel nacional, con más de 500 auditores.