Lo ocurrido en San Ignacio (Cajamarca) no fue un accidente aislado. Fue una advertencia clara de lo que ocurre cuando la minería informal se expande sin control, sin técnica y sin presencia efectiva del Estado. Y es, al mismo tiempo, un espejo de lo que ya sucede en La Libertad, una región donde la minería ilegal e informal no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que ha tejido una economía criminal de gran escala.
El derrumbe del 10 de enero en un yacimiento informal de San Ignacio, que sepultó a cuatro trabajadores y que solo por azar no terminó en una tragedia mortal, expuso una realidad conocida pero minimizada. Las imágenes mostraron taludes sin banqueo, suelos saturados por lluvias, ausencia total de drenaje y trabajadores operando sin protocolos mínimos de seguridad. Palas, gritos y una excavadora improvisada como herramienta de rescate resumieron la escena. Esa misma precariedad —con otros matices— se reproduce a diario en Pataz, Parcoy y Tayabamba, en La Libertad.
Si Cajamarca es una alarma, La Libertad es un polvorín. Aquí, la minería ilegal e informal se desarrolla mayoritariamente en bocaminas y socavones, espacios cerrados, mal ventilados y sostenidos con estructuras precarias. Según informes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de la Defensoría del Pueblo, La Libertad concentra uno de los mayores focos de minería ilegal del país, con miles de labores sin autorización, muchas de ellas activas incluso durante estados de emergencia.
