La Autoridad Sancionadora de la Contraloría General de la República impuso una sanción pecuniaria de 11 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 60 500) al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaso (provincia de Julcán), Roberto Carlos García Gómez. La medida se tomó tras determinarse su responsabilidad administrativa funcional por cometer infracciones muy graves al omitir y retrasar la entrega de información requerida por el órgano de control de la jurisdicción.
Mediante la Resolución de Sanción N.o 002-007-2026-CG/ASAN, emitida en el marco del expediente n.o 0007-2026-CG/PAS-RIS, se acreditó que el funcionario público mostró una conducta omisiva y de entorpecimiento sistemático frente a los reiterados requerimientos del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Julcán. La resolución administrativa fundamenta que la conducta del sancionado afectó el normal desarrollo de las funciones de control.
La sanción corresponde a dos multas de 5.5 Unidades Impositivas Tributarias cada una, impuestas por no entregar oportunamente los instrumentos de gestión solicitados por el OCI el 4 de diciembre de 2025 y por no remitir las resoluciones de desagregación de recursos destinadas al proyecto de inversión “Mejoramiento e instalación del servicio de agua potable y UBS en los caseríos de Canraz, Simbamba y La Unión”, requeridas el 6 de enero de 2026.
La resolución también dispuso el archivo definitivo de otras imputaciones referidas a la falta de remisión de información sobre el estado situacional y ubicación de una unidad vehicular reportada como desaparecida, la actualización del aplicativo Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) de la Contraloría y los datos actualizados de los funcionarios de la municipalidad, debido a que dicha información fue presentada durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador.
La Autoridad Sancionadora otorgó un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación oficial, para que el alcalde proceda con el pago de las multas impuestas. Asimismo, con este pronunciamiento se dio por agotada la vía administrativa y la Contraloría reafirma su firme compromiso de cautelar la transparencia en la administración pública y sancionar rigurosamente a las autoridades que limiten u obstaculicen los procesos de fiscalización.